El alcalde del municipio Independencia, José Mujica, sostuvo una reunión de trabajo con la arquitecto del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), Zulay Cruz y el secretario de Seguridad Ciudadana del estado Yaracuy, David Lozsán , como parte de las primeras gestiones que se iniciaron para la reubicación del Internado Judicial de San Felipe, con el propósito de responder al clamor de los habitantes del casco metropolitano, quienes solicitan que se traslade el centro penitenciario a otro espacio, fuera de la ciudad.

Durante la primera sesión de trabajo, las autoridades analizaron la opción que plantea la Municipalidad, la cual se trata de un terreno de aproximadamente 15 hectáreas, ubicado en la Avenida Libertador, diagonal a la construcción de la Planta Ensambladora de Autobuses Yutong, cuyo espacio forma parte de la hacienda La Maglionera.

Al termino de la reunión, el mandatario local junto al secretario de Seguridad y la representante del FONEP, efectuaron una visita en el referido terreno para precisar las condiciones físicas y de seguridad que posee, “la arquitecto indicó que aparentemente se trata de un espacio con las factibilidades de servicios públicos, al tiempo que adelantó que se plantea la construcción de un centro penitenciario de edificación horizontal y una capacidad aproximada para 1600 reclusos, con su respectiva área de retiro tanto de la Avenida Libertador como de las poblaciones cercanas”, detalló Mujica.

El alcalde, destacó la importancia de la reubicación del internado judicial y el interés que ha manifestado el gobernador Julio León, quien se encuentra al frente de este proyecto que significará un alivio para todo el casco central del municipio Independencia, ya que durante muchos años la población ha anhelado el traslado de la cárcel para mayor seguridad y el descongestionamiento de la ciudad, “estamos seguro que muy pronto veremos materializada dicha obra”, apuntó el regente local.

Informó Mujica que, una vez que el FONEP realice los estudios de suelo para la factibilidad de los servicios públicos y emita el certificado de aprobación para la construcción de la nueva cárcel, la Alcaldía procederá a la expropiación por causa de utilidad pública de las 15 hectáreas que se requieren para la obra, a fin de agilizar el proceso y poder concretar el inicio del proyecto, el cual espera que inicie este año.